Terminando el Año y Preparando el Próximo. Una mirada a la Evolución de los Impuestos a la Economía Digital


Antonio Guzmán

10 de diciembre 2018

Llegando a fin de año comenzamos a ver como los distintos medios de comunicación recuerdan los principales hitos del año que termina: nacimientos, matrimonios, fallecimientos, compras, ventas y un sin número de sucesos que marcaron la pauta en los meses pasados.

Luego de dichos recuerdos, vienen las promesas de un mejor año, donde nos comprometemos a hacer más deporte, salir más con nuestros hijos, disfrutar actividades al aire libre, entre otras.

Esta práctica, aunque a veces inútil, parece de gran utilidad para analizar el desarrollo de distintas políticas, ya que permite mirar lo hecho en el pasado con la perspectiva de un nuevo comienzo que da el año nuevo.

En este espíritu, parece un buen ejercicio reflexionar sobre la evolución de los impuestos a la economía digital.

Es un hecho que las diversas aplicaciones que se han creado los últimos años revolucionaron la economía, el consumo y por sobre todo el trabajo. Así, desde hace años, pero con especial relevancia durante 2018, podemos ver como distintos países e instituciones han buscado su propio camino para circunscribir esta actividad y, por supuesto, cobrarle los impuestos que correspondan.

Sin embargo, si hacemos una revisión reflexiva de las distintas alternativas que se han propuesto, sólo se puede concluir que no existe una solución definida ni un mecanismo que haya permitido a un Estado regular de manera eficiente este nuevo modelo económico.

A modo de ejemplo, la Unión Europea se propuso, principalmente impulsada por Francia, lograr un acuerdo de sus países miembros para establecer un impuesto de 3% sobre los ingresos de compañías con ingresos globales superiores a Eu 750,000,000. Dicha propuesta fue desechada la semana pasada por falta de acuerdo de los países, quedando cada Estado en libertad de definir la forma de hacer tributar esta actividad.

Por su parte, en Latinoamérica, Argentina y Chile han propuesto un impuesto al consumo, cuya implementación es, a lo menos, compleja, dada la falta de materialidad de esta actividad y la carencia de presencia efectiva del prestador del servicio en el país, haciendo difícil determinar la base del impuesto y el obligado a su retención.

Otros países, como Israel, a través del concepto de “presencia digital significativa”, o Eslovaquia, con una definición de “establecimiento permanente digital”, han buscado circunscribir la actividad digital bajo parámetros que se asimilen a una presencia física, con la dificultad que ello acarrea.

Así, mirando los distintos hechos y propuestas, me parece claro que el problema que rodea cada una de las propuestas es que la esencia de la economía digital es su carácter disruptivo, generando un ambiente de constante cambio e innovación, que crea nuevos mercados y reglas aplicables que, lamentablemente, no podrán ser reguladas de inmediato por los responsables de formular políticas, debido a la imposibilidad de estar al mismo nivel creativo de las empresas digitales.

Existiendo esta evidente disparidad, el camino para lograr una correcta y eficiente regulación no viene desde la imposición del Estado y sus instituciones, sino de la creación y colaboración conjunta que debe existir entre los propulsores de esta nueva economía y los respectivos gobiernos. Dicho de otro modo, lo que en este caso se requiere es el desarrollo de una política participativa, inclusiva y con apertura de mente en el contexto del nuevo paradigma de la economía digital (que viene para quedarse).

Un país que parece ir en esta línea es México, quien estableció un procedimiento en conjunto con una de las principales empresas tecnológicas asociada a los servicios de transporte, en virtud del cual las compañías no sólo se encargan del pago de su impuesto, sino que también establecen un procedimiento para la retención, por parte de la empresa tecnológica, de los impuestos personales de cada uno de los proveedores que opera a través de la plataforma, lo que ayuda además a formalizar una economía que por regla general opera informalmente.

Experiencias como ésta parecen ser el camino que debería dirigir el actuar de los diversos actores políticos en nuestros país, más aún, considerando que cualquier modificación a la legislación tributaria deberá contar con los suficientes consensos para evitar, a lo menos, que se vuelva a modificar en los próximos 2 años como ha ocurrido en los últimos 8 años.