Firma Electrónica Escrituras Públicas

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Bruzzone & González

26 de marzo 2020

A raíz de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, la gran mayoría de las empresas, incluyendo las oficinas de abogados, han implementado el teletrabajo como un mecanismo eficiente para continuar prestando sus servicios a los clientes que lo requieran. Esto es posible gracias a las herramientas tecnológicas que hoy están al alcance de todos, y que nos permiten, por ejemplo, trabajar remotamente accediendo a bases de datos y gestores documentales online, sostener reuniones vía teleconferencia desde cualquier parte del mundo, y, en general, llevar a cabo nuestras tareas de forma similar a como las ejecutaríamos de estar sentados frente a nuestros escritorios.

Sin embargo, el teletrabajo no está exento de dificultades (si no, pregúntenles a las personas con niños pequeños que están en la casa). En especial, para nosotros los abogados, el evitar salir de nuestras casas nos ha sumado una dificultad que hoy parece insalvable: la firma de escrituras públicas, especialmente cuando los comparecientes se encuentran dentro de alguno de los grupos de riesgo.

En efecto, el artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales establece, respecto a las escrituras públicas, que éstas “deberán otorgarse ante notario”. Es decir, requieren la concurrencia personal de las partes, concurrencia que les confiere un importante valor probatorio, ya que el artículo 403 del mismo cuerpo legal declara las escrituras públicas como “auténticas”, esto es, el haber sido realmente otorgadas por las personas que dicho instrumento exprese, según se entiende el término “autenticidad” en el artículo 17 del Código Civil.

Ahora bien, ¿existen herramientas tecnológicas que hoy en día nos permitirían comprobar que el firmante es realmente quien declara ser? Claro que sí, a través de la firma electrónica avanzada, regulada en la Ley Nº 19.799 de 2002 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma, que permite verificar así la identidad del titular, impidiéndole desconocer tanto la integridad del instrumento firmado electrónicamente como su autoría.

La mala noticia es que la misma Ley Nº 19.799, que otorga a los documentos firmados electrónicamente el mismo valor probatorio que los firmados en soporte de papel, excluye expresamente de su aplicación aquellos documentos en los que la ley requiere la concurrencia personal de alguna de las partes (incluyendo, como ya adivinaron, las escrituras públicas). Por ende, hoy en día, pese a contar con la tecnología adecuada para garantizar la identidad del firmante, seguimos rigiéndonos por criterios rígidos y anticuados, que obligan a nuestros clientes a concurrir a las ya atochadas notarías a firmar escrituras, cuando podrían hacerlo desde cualquier otro lugar, con un considerable ahorro de tiempo y recursos.

Esta falencia de la Ley Nº 19.799 ya había sido detectada por el legislador, y desde fines de 2018 se encuentra en su tercer trámite constitucional en el Senado, el proyecto de ley que busca ampliar la aplicación de la firma electrónica avanzada a los actos que requieran concurrencia personal de los comparecientes. Dicho proyecto, en su Mensaje (Nº 123-360), adopta una moderna concepción de la “comparecencia personal”, al señalar acertadamente que el desarrollo de las telecomunicaciones y plataformas tecnológicas ha permitido ampliar el concepto de “presencia” a formas virtuales, que pueden tener en ciertos casos, un tratamiento legal equivalente a la presencia física, mediante la utilización de nuevas tecnologías capaces de otorgar altos estándares de seguridad y confianza.

Es de esperar que este proyecto pueda ser prontamente despachado como ley de la República, y se convierta en una herramienta vanguardista, que continúe la senda de modernización ya iniciada a raíz de la crisis causada por el COVID-19.